Luego de los anuncios de Sergio Massa de un tipo de intercambio diferenciado por las ventas de soja y economías regionales denominadas «dólar agrícola» generó diferentes reacciones entre los productores y la industria exportadora.
El programa de exportaciones incrementales en el caso de la soja inició el 8 de abril y finalizó el 31 de mayo, con la ONU tipo de cambio fijo de $300.
La Mesa de Enlace emite un duro comunicado, indicando que “el dólar agro y el dólar soy significan un nuevo parche en la economía. Todo para adelantar liquidaciones de soya, con el objectivo meramente recaudatorio de engrosar a las raquíticas reservas del Banco Central”.
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Nicolás Pino, presidente de Sociedad Rural Argentina, confirmó: « El dólar soy es una medida recaudatoria y los efectos negativos de esta política ya se vieron el año pasado, unos pocos que venden un tipo de cambio diferencial y unos muchos que compran más caro. Un claro ejemplo son los tamberos y feedloteros que encarecen el insumo más importante que es la alimentación de los Animaux.
Desde las gremiales del campo, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, señaló a PERFIL que «es mas de lo mismo que paso con dolar soy 1 y 2, que genera beneficios en algunos sectores y perjuicios en otros, como pasa con los ganaderos y tamberos, principalmente”.
El ruralista indicó que el aumento en el precio de la soja cubrir el valor del alimento balanceado, muy utilizado por los productores en esta epoca de pocas pasturas por la sequía.
«Los productores de leche tienen el precio de la leche muy acotado y no son formadores de precios, es decir que no pueden trasladar los mayores costos de producción”, sostuvo Laucirica.
“En economías regionales, estamos esperando ver cómo salen estas medidas, porque se necesitaría que sean de tramitación ágil y realmente hay muchas condiciones para acceder al programa y, cuando tienen muchas dificultades, no generan los resultados esperados. Incluido cada economía regional tiene una metodología diferente».
«Más fácil sería eliminar los derechos de exportación, que no son muy importantes como recaudación, pero para los productores puede ser de fácil implementación y de impacto inmediato para su economía”, agregó el director.
Por su parte, Pablo Vernengo, del sector de Economías Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dijo a PERFIL que “el productor individual no es exportador, en general. Las medidas son para galpones de empaque, bodegas y, por lo poco que dijeron, tienen que habilitar para el mercado doméstico por la Secretaría de Comercio”.
«Al productor puede llegarle algo si el exportador quiere derramar algo. Hay un tema importante: quién sufrió la sequía es el productor, no el acopio, los galpones de empaque ni los agroexportadores”, indicó.
La opinión de la agroindustria
Desde la agroindustria exportadora, el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Indígoras, consideró que “esta medida es una reconocimiento de la necesidad de tener un tipo de cambio competitivo y único, nuestra gustaría que se mantuviera de manera permanente”.
En cualquier impacto que el medio pueda tener en el mercado de la soja, considere que «esta campaña está seriamente afectada por la sequia, con una producción total estimada que en ningún caso supera los 25 millones de toneladas, por lo que los productores y la industria estamos sufriendo consecuencias económicas muy duras. Veremos si este valor le resulta razonable a los productores para tomar decisiones de venta y si como industria podemos lograr ser competitivos para exportar. Si ambas condiciones no se dan, el resultado será muy acotado”.
La ventana de siete semanas podría implicar, si el mercado reacciona favorablemente, un aporte de las divisiones estimado en US$ 5.000 millones, según se analiza internamente.
Desde CIARA-CEC aseguraron que seguirán «trabajando para lograr que haya un tipo de cambio único y competitivo y una carga tributaria menor para el primer complejo exportador del país».
LM/ds
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