Diez imputado en la causa que investiga la amenazas de muerte que recibió el familia del actual Ministro de Economía, sergio masaen 2020 reconocer a los culpables y deberán acumularse con la libertad condicional.
Fue a raíz de haber hecho público su número de teléfono y el de integrantes de su familia, en 2020. Los acusados tendrán ahora registrado el hecho en sus antecedentes penales. Por otra causa, habría un detenido.
El Juzgado Federal 2 de San Isidro resolvió suspender el juicio a prueba respecto de los 10 imputados en la causa por múltiples amenazas contra Sergio Massaen esposa malena galmarini y familia, en 2020, tras haber difundido públicamente sus números de teléfono, y les impuso la realización de entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias.
EXCLUSIVA: Las amenazas que recibió Sergio Massa en su teléfono celular
Además, deberá realizar donaciones a la Asociación Civil «Pequeños Pasos«por montos que varían entre 20 millones de dolares y 200 millones de pesos.
Las amenazas a la familia Massa
En septiembre de 2020, Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados y su esposa, malena galmariniHabian recibido varias amenazas tanto en redes sociales como por WhatsApptras haber difundido sus teléfonos.
Tras la denuncia, se identificaron diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille and Luis Hernán Molina.
Luego de la investigación y tras esperar que «se encontró suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales» de los acusados, la Justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.
De esta manera, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la Fiscalía, «cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad», los imputados deben abonar entre $20 mil y $200 mil pesos a la Asociación Civil «Pequeños Pasos»; ingresar a las celdas utilizadas para enviar los mensajes amenazantes; realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales.
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