Hay un sistema de ojos que protege al consumidor. Cuando adquiere un bien en ese marco, cuenta con seis meses de garantía legal, si es un bien nuevo, y tres si es usado (no existe la «garantía extendida» sino que se trata de un seguro, ya que no se paga por una garantizar).
Si contratas un servicio por internet o telefónicamente, puedes comprarlo por el mismo medio. Ningún reclamo extrajudicial puede tener apariencia de reclamo judicial (Ej.: una comunicación que diga «Último aviso – Embargo»). Se puede revocar la aceptación de una compra de comercio electrónico en días diez sin carga alguna, etc.
Es posible que el lector también esté al tanto de que la Ley 24.240 (sancionada en 1993 y con modificaciones sucesivas desde entonces y hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial) no es en sí un enemigo del mercado, sino que busca equilibrar una relación que de por sí es desigual y, de ese modo, contar con un consumidor o usuario informado: que toma decisiones eficientes en el mercado.
Entre esas herramientas, dicha ley contempla la denominada «Acción colectiva» que cuenta, entre otras, con el beneficio de justicia gratuita.
Seguramente alguna vez el lector recibio en su factura de servicio (electricidad, telefonía e incluso resúmenes bancarios) Allí, sin duda alguna, existió una demanda colectiva iniciada por un consumidor o por una asociación de consumidores que obtuvo sentencia favorable.
En Argentina llamamos ha ido a juicio “acción de impacto colectivo”; “proceso colectivo”; “acción colectiva”, etc., pero su origen deriva de la acción de clase norteamericana, que tuvo su vigor en materia de segregación racial, es decir, para proteger a la población negra ante una situación injusta o desventajosa (Ej.: en los años 50´ una persona negra y su familia no podría adquirir un inmueble o lote en determinado proyecto inmobiliario, que era exclusivamente para familias blancas).
Esta herramienta tuvo entonces en Estados Unidos un importante desarrollo, destacandose en materia ambiental y del consumidor.
¿Qué es una acción colectiva?
es un modo de encauzar en un único proceso legal múltiples reclamos derivados de un mismo hecho. Supongamos que, sin informar a sus clientes, un banco cobra un seguro (por el motivo que sea) que sube al mes de $200. Un buen día, Ud. nota ese cargo en su resumen de cuenta, el cual había pasado desapercibido hasta entonces.
Lo cierto es que difícilmente pueda iniciar un juicio por ese valor, aún en la hipótesis de que se lo hayan cobrado en reiteradas oportunidades. Puede ocurrir también que muchas otras personas se encuentren en la misma situación. La solución por desgracia coincidió: no vale la pena abonar una consulta al abogado, ni mucho menos perder tiempo de vida en semejante aventura. Prefier abonar esos $200 no consentidos.
Para ello fueron creadas las acciones de clase. En uno único juicio se resuelve el universo de reclamos qu’afectan a esa «clase»: «grupo» o «colectivo» como algunos sinónimos. Y no solo es «patrimonio» del derecho del consumidor, sino que puede tener lugar ante todo prejuicio que se genera a un grupo o clase homogéneo.
Demanda colectiva: cómo funciona
De un reclamo, que puede ser iniciado por un individuo en representación de otros o de una asociación de consumidores (no cualquier entidad, sino una autorizada a tales efectos) se inicia el juicio -luego de la mediación obligatoria- y allí se «certifica» la clase o el grupo.
Porque para que existió una demanda colectiva, no obstante debe haber un grupo afectado por la misma causa. En este caso que nuestra ocupación, si Ud. fuera el único damnificado, existiría una acción pero individual no de classe.
Algo así sucedió cuando, al modificar la fórmula jubilatoria, se pretendió una «action de classe» representando a «todos los jubilados». Resulta que no existió grupo o clase como tal porque no todos se encontraron en idéntica posición y -por ende- no afectaba a todo el universo de aquellos (sí podría suceder que la acción la intentaran «los que cobran la mínima» por poner un ejemplo).
Acción de clase: para qué sirve
En primer lugar, lleva a los tribunales afirmar que, sin esta herramienta, no llegarían al conocimiento de los jueces. Por el contrario, desagotan al poderjudiciaire de reclamos idénticos y sin gran entidad, permitiendo que exista una mayor dinámica en la resolución de conflictos entre proveedores y consumidores/usuarios. Pero primordialmente, dado su efecto expansivo (afectan tanto a quien esté «presentado» en el expediente, como a quien se encuentre en situación idéntica) resuelven un sinfín de conflictos de un solo «tiro»; además de generar conductas positivas en el mercado. A modo de ejemplo, podemos mencionar lo que ocurrió tras múltiples estafas bancarias: las sentencias adversas a estas entidades llevaron a extremar medidas y controles a efectos de evitar los engaños a los usuarios.
deberia darse cuenta para un canal de comunicación masiva (Ej.: TV, como sucede en EE. UU.) pero lo cierto es que no tiene alguna regulación. En ocasiones, se impone a las compañías demandadas para notificar a sus clientes, con lo que pueden quedar usuarios afuera.
Para concluir, cuando Ud. escuche decir «allá suben la leche 0.10 y la gente deja de comprar» recuerde que detrás de toda conducta injusta en el mercado, hay una clase o acción colectiva.
*Docente de la carrera de Abogacía en UADE
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