El próximo 9 de julio marca el inicio del recorrido de 560 km del gasoducto Néstor Kirchner en la localidad de Tatayén, en la provincia de Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. En este punto se ubica el nuevo gasoducto con el gasoducto Neuba II inaugurado en 1988 durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, que integra los extensos gasoductos nacionales que abastece a la Argentina.
La obra -que fue parcialmente inaugurada- tiene un costo total estimado en US$ 1.850 millones y fue financiada en su totalidad por el Estado Nacional. Para alcanzar su terminación definitiva, debe completarse la instalación de dos plantas compresoras que están en ejecución, cuyo costo asciende a unos US$ 250 millones aproximadamente y otras obras complementarias a lo largo de la traza de los gasoductos existentes hasta su ingreso en el Gran Buenos Aires –entre ellas la vinculación entre Mercedes y Cardales– que completan esta primera etapa.
El nuevo gasoducto transportará desde su inauguración uno de 11 millones de metros cúbicos por día (aproximadamente un 7,3% del total transportado en esta época del año); y cuando estén en funcionamiento sus plantas compresoras hacia el último trimestre del año, aumentará a 21 millones de m3/d equivalente al 14% de la demanda. La nueva obra sustituirá las importaciones de gas natural licuado (GNL), que actualmente se realizan por el puerto de Bahía Blanca, y otros combustibles, permitiendo a nuestro país ahorrar fracciones.
Hidrocarburos: los desafíos frente a la transición energética
La importancia de la obra y su contexto histórico. El nuevo gasoducto permitirá evacuar una gran cantidad del gas natural que se produce en el río neuquina –particularmente en los yacimientos de Vaca Muerta– sobre todo en el período invernal, cuando la red de gasoductos se satura por el alto consumo de gas doméstico propiciado por las bajas temperaturas.
Se trata de la primera gran obra de transporte de gas ejecutada el siglo XXI y contribuirá a mejorar las condiciones de abatimiento del gas natural en un país -Argentina- que llegó a ser una potencia gasífera de primer orden en América Latina. Es importante dejar constancia que nuestro país fue desde 1989 un país autoabastecido exportador de energía, que lamentablemente perdió en 2011 su condición de mano de una mala praxis política que debemos revertir lo antes posible evitando errores del pasado.
Nuestro mal presente energético ha sido fruto de decisiones políticas no acertadas por una dirección poco capacitada que reemplazó sin éxito un funcionariado óptimo que es imprescindible para el funcionamiento de un Estado moderno.
Sin pretender hacer una lista exhaustiva, digamos que sus muchas las decisiones de raíz política y no técnica que empeoraron nuestra situación energética -y gasífera- con un alto costo y un alto desprestigio. Podemos enumerar los siguientes errores: 1) el abandono de la exploración de hidrocarburos que nos dejó con todas las cuencas convencionales en declinación productiva; 2) el corte de gas unilateral a Chile en la primera década de este siglo nos puso en la vidriera de los países no creíbles; dejando sin uso una gran infraestructura de transporte para la exportación; 3) el pesimo contrato de compra de gas firmado con Bolivia para paliar nuestra crisis de abastecimiento en 2006; 4) el extraordinario fracaso de Argentina en la ejecución del Gasoducto GNEA –nunca inaugurado– que ya tiene inoperativo y enterrado una obra que nos costó más de US$ 3 mil millones; 5) el enorme despilfarro de fondos públicos en concepto de subsidios tarifarios energéticos que significó desde 2003 ha comenzado a presentar pérdidas por más de US$ 130 mil millones que desequilibraron la hacienda pública y atormentaron a la inversión privada genuina y necesaria para el nuevo desarrollo.
El sector energético, la piedra en el zapato de un superministro
La segunda etapa: necesaria y ambiciosa. Una visión más de la obra nos dice que proyectó la realización de un conjunto de obras complementarias que incluyen una segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner que vinculará Salliqueló con San Jerónimo en la provincia de Santa Fe, con una extensión de 521 km y con un costo total de US$ 2 mil millones, todavía sin fecha de inicio programada.
El plan fue impulsado por el Gobierno ante una importante remodelación del gasoducto del Norte, que actualmente vincula los yacimientos de Bolivia y de la cuenca del Nordeste argentino con la región Gran Buenos Aires-Litoral. El mismo incluye un grupo de obras y adecuaciones que permitirán la transmisión del flujo de gas natural que actualmente se origina en Bolivia y en nuevas edificaciones en el Noreste de Cuenca. Esto incluye una vinculación entre el Gasoducto Centro Oeste y el Gasoducto del Norte a través del gasoducto La Carlota-Tio Pujio y varios tramos paralelos del Gasoducto del Norte con un costo total estimado de US$ 600 millones.
Las obras son costosas sobre todo para un país que no posee credito externo, no despiertan interés en los inversores privados nacionales ni extranjeros por el alto riesgo que encierran en una economía como la argentina actual. Sin embargo, su necesaria realización y tienen por objeto remediar el fracaso de la política gasífera en este siglo en cual la declinación productiva de todas nuestras cuencas convencionales, entre ellas la cuenca del Noroeste argentino que trajo originalmente a su producción al Gasoducto del Norte.
El desafío de una transición energéticamente eficaz y ordenada
A ello se suma la caída del contrato de abastecimiento de gas de Bolivia firmado por Argentina en 2006 con vigencia hasta 2026 que Bolivia no ha cumplido; lo que originó un enorme perjuicio a la Argentina, que todavía no ha sido explicado y que merecería una auditoría especial de la AGN y la Sigen para deslindar las responsabilidades correspondientes.
Un modo de síntesis. En la primera etapa, que se inauguró a principios del 9 de julio, los beneficios estarán directamente relacionados con la reducción de las importaciones de gas que realizarán nuevos países y de otros combustibles como el diésel que se utilizan para la generación eléctrica. Los ahorros en divisas quedaron de los precios de importación futuros del gas, que se han reducido en forma notable respecto a los vigentes en 2022 tanto en Europa como en la cuenca atlántica. En una segunda etapa el gasoducto reemplazará totalmente las actuales puertas de Bolivia y permitirá las exportaciones a los países vecinos.
Sin embargo, no está claro por que no se han hecho públicos hasta el presente los estudios de la factibilidad de técnica, económica, financiera y ambiental del proyecto que se inaugura, ni el análisis de los riesgos del proyecto. Dicho de otra forma, el Estado nacional no ha cumplido, como ya es costumbre en nuestro país, con los requisitos de la ley de inversión pública N° 24354 que rige en estos casos, lo cual no hubiera sido necesario si las inversiones de ampliación de los gasoductos hubieran sido realizadas conforme a lo previsto en nuestra ley de hidrocarburos vigente N° 17319.
Para finalizar es importante puntualizar que sería altamente conveniente que el Congreso de la Nación realizara –con acuerdo de varios bloques– un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que informe sobre la financiación de las obras y las formas en que estas serán repagadas. Ha prorrogado la firma del contrato entre Cammesa en carácter de embarcador y Enarsa en carácter de transportista cuya vigencia es de 35 años comprometiendo volúmenes de inyección y precios que en principio podrían exceder las capacidades y las funciones institucionales de Cammesa.
* Presidente del IAE Gral. Mosconi y exsecretario de Energía de la Nación.
