La Justicia porteña seguramente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cumpla una serie de medidas que tienen por objectivo garantizar la protección de los edificios construidos antes de 1941. de esas edificaciones que, de acuerdo a estimaciones oficiales, asciende a 134.000.
El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires 10, a cargo de Aurelio Ammirato, exigió también a las autoridades de «abstenerse de autorizar demoliciones, reformas o ampliaciones» que alcancen a las construcciones contempladas en la medida establecida.
De esta manera, el dictamen dio lugar parcialmente a un amparo presentado en 2011 por distintas organizaciones que trabajan en la defensa del patrimonio histórico urbano, entre ellas, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Basta de Demoler, Fundación Ciudad y SOS Caballito, y que cuentan con el patrocinio de Jonatan Baldiviezo y María Carmen Usandivaras.
Las organizaciones buscaron que la gestión local cumpla con la ley 2548 que fijó como plazo máximo al 31 de diciembre del 2011 para la confección de un catálogo completo de los inmuebles cuya fecha de construcción data de antes de 1941.
No obstante, el relevantemiento no se realizó, más allá de la presentación de un registro de propiedades de las Comunas 1 y 2 -que abarcan los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat , Constitución y Recoleta- que estuvo carguero de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
En octubre de 2014, la Legislatura Porteña aprobó la protección de 1.700 inmuebles, lo que representaría alrededor del 1,2% de los inmuebles existentes si se considerara el total de inmuebles anteriores a 1941 en 134.000.
En ese marco, el fallojudiciar seguramente al Gobierno porteño «complete el catálogo definitivo con el relevante de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada emplazados denttro del territorio de la Ciudad, cuyos planos han sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 ” .
Además, exhortó a «culminar, a través del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, la evaluación del valor patrimonial de los inmuebles» así como «a implementar la protección adecuada y oportuna de aquellos inmuebles que presenten valor patrimonial de acuerdo al resultado de su evaluación». .
Al respecto, Baldiviezo manifestó que el Gobierno porteño «posterga finalizar la evaluación de todos los inmuebles anteriores a 1941 porque prefiere ir realizando evaluaciones a medida que van solicitando los permisos de demolición y con pocos procedimientos transparentes sujeta los análisis a los intereses inmobiliarios».
En definitiva, sostuvo que «la sentencia judicial reconoce la necesidad de proteger el patrimonio de la ciudad y que no es un tema en el limbo indefinidamente, sino que de una política de estado prioritaria y con apertura democrática».
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