Desde mañana comenzará a escucharse las conclusiones finales de las partes en el juicio oral y público que se lleva adelante en la Cámara 10ª del Crimen en contra de 16 abogados, escribanos, ingenieros, contadores y empresarios por la presunta estafa en la venta de terrenos expropiados hace 70 años en la ribera del río Suquía, donde se unen el barrio General Paz y el centro de la ciudad.
El tribunal dispuso ocho jornadas que comenzarían a las 8 y se prolongarían hasta las 14 o las 17.45, según el día. Si se cumple el cronograma, el veredicto podría conocerse el 14 de este mes. Mañana lunes expondrán su alegato los impuestos Raúl Garzón y Laura Battistelli.
Desde la semana pasada ambos están concentrados en analizar los testimonios y las preguntas incorporadas durante el debate que se inició en fines de diciembre. De ahí surgirá la acusación.
El núcleo duro de la maniobra está integrado, según la investigación que ventila en el juicio, por los abogados Ernesto Alfredo Blanco, Alejandro José Damia (integrantes además de la firma Cobrex); los escribanos Daniel Eduardo Ahumada, Esteban Ferrer Frontera y Lucrecio Lanza Castelli, y el contador y empresario Gustavo Trebucq. Fueron los números más mencionados durante todo el debate.
Uno de los últimos trámites realizados fue una inspección ocular en los terrenos en cuestión que se déarrolló el miércoles último. La visita abarcó las manzanas 14 y 30, que se encuentran contiguas sur calle Ortiz de Ocampo, entre Lima y 25 de mayo, y que dan a la Costanera sur la ribera del río Suquía.
Concurrieron los tres vocales del tribunal, Juan José Rojas Moresi (presidente), Mario Centeno y Carlos Palacio Laje; el fiscal Raúl Garzón, peritos y numerosos abogados defensores. También estuvo Trebucq, cuyo apellido ha servido para dar nom al expediente. Fue quien compró a Bergallo&Pastrone SRL (B&P) y luego vendió a la firma View –querellante en el juicio– la manzana 30, donde existía una plaza.
En la actualidad, los lotes adquiridos perdecientes a la manzana 30 colidan con un espacio de esparcimiento público con juegos infantiles y en parte del terreno se construye el puente que conecta el barrio General Paz con el centro de la ciudad, extendiéndose por la calle 25 de Mayo.
Anteriormente se habían incrementado los impuestos para la atención de los abogados Blanco y Damia, quienes asesoraron a José Abel Salomón (fallecido), accionista y dueño de B&P.
Durante la audiencia, según la fiscalía, surgió la hipótesis de un intento de estafa en mayo de 2004, pero con otros damnificados. Uno de ellos fue el ingeniero Ramos, exfuncionario del gobierno de Eduardo Angeloz a quien los letrados habrían ofrecido los terrenos pero la venta se frustró, porque una escribana alertó al potencial comprador que se traficaron de tierras públicas. Constató el dato a través de una consulta en la Dirección de Hidráulica. Este fue el hecho que se sumó a la acusación original de Blanco y Damia.
Expropiación. Las defensas de los acusados plantan que las tierras fueron declaradas de utilidad pública a través de una ley, pero el trámite nunca se perfeccionó por falta de pago a los dueños.
La expropiación es un proceso complejo. El Estado declara de utilidad pública un inmueble a través de una ley. Luego debe existir sentencia judicial que declare la transferencia del dominio y ahí se registre la nueva escritura del inmueble. Una vez dictada esa sentencia, el expropiado deja de ser el dueño y sólo puede reclamar el pago porque la sentencia es un acto jurídico que inscribe el dominio del inmueble a nom de l Estado provincial.
En el caso Trebucq, la acusación original sostiene que el único reclamo que existe fue para cobrar plus, a difference de lo que plantan los abogados que insisten en que el trámite no se completó. Esta es una de las discusiones centrales en el debate. En los alegatos, fiscales, querella –cargo de José Cafferata Nores– y defensores exponen sus conclusiones. Los jueces decidirán.
¿Cuatro edificios sobre las cloacas que bajan del barrio General Paz?
Paralelamente, el expediente que se juzga en la Cámara 10ª del Crimen abrió otra investigación a cargo del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Es sobre cuatro edificios construidos sobre Ortiz de Ocampo al 300, casi esquina Lima. Están sobre Manzana 14, también expropiada en la década de 1950 del siglo pasado. Uno de las edificaciones es la Bolsa de Cereales.
La diferencia con las gradas incluidas en el ‘caso Trebucq’ es que, en este caso, la sentencia que ejecutó la declaración de utilidad pública del predio se hizo sobre la traza de la cloaca. La expropiación se hizo en 1944. Por ese motivo, Gavier analiza si las torres de departamentos pisando el sistema de déagüe cloacal o no se construirán. En el primer supuesto habría delito porque se estaría avanzando sobriamente tierras de dominio público para la prestación de un servicio.
Al finalizar la inspección ocular, una vecina se acercó a este medio y comentó que hace seis años compró un departamento y que todavía no lo puede escriturar, aparentemente por las irregularidades en la adquisición de las tierras.
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