Repartidores bonaerenses: más regulaciones, menos trabajo

Muchos directos políticos –demasiados- screen que su función es regular la vida de la gente. Por ejemplo, presento cómo, cuándo, cuánto y para quién trabajar. Nosotros, los liberales, no.

Este amor histórico de la corporación política por dirigir nuestras vidas pudo vers en todo su esplendor en un reciente proyecto ley que, de aprobarse, dejaría decenas de millas de repartidores bonaerenses en la calle ya kilómetros de pymes provinciales al borde del quebranto.

Impulsado por el kirchnerismo de Kicillof pero increíblemente por unanimidad en el Senado bonaerense, el proyecto consiste en obligar a todos los repartidores que transporten o entreguen alimentos, medicinas, pedidos o bienes de cada tipo, para ser inscritos en un registro como empleados y obligar a las empresas que los contratan a cumplir con la legislación laboral.

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La iniciativa es grave por la sencilla razón de que los repartidores no son empleados y la relación que mantienen con sus contratantes no tiene nada de trabajo.

Muchas y muy claras son las evidencias de eso, entre las que podemos destacar que:

1.- Sus dueños del vehículo en el que hacen el reparto, es decir, del capital,
2.- Asumir riesgos economicos como cualquier prestador de servicios independiente, pudiendo incluso llegar a tener pérdidas económicas
3.- No están sujetos a exclusividad con ninguna empresa, pudiendo hacer repartos con varias de ellas
4.- No están obligados a cumplir horarios ni asistir con un plazo determinado; al contrario, eligen los dias y el horario en el que trabajan
5.- No están obligados a mantener un servicio de forma permanente y/o continue, pudiendo dejar de trabajar cuando lo deseen y retomar, también cuando deseen.

Apenas has hecho demasiado para entender que, si aprovechas este proyecto, los distribuidores se quedarán sin trabajo y las empresas tendrán costes considerables además.

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¿Para que? Porque no podrá o no trabajará la cantidad mínima de horas que la legislación laboral exige y/o porque los costos para sus contractantes, ahora “empleados”, aumentarán tan significativamente que nuestros contractarlos serán rentables.

Se podría suponer que semejante mamarracho de proyecto obedece al clásico desconocimiento de la realidad de la corporación política, desconocimiento que vimos brillar con la ley de alquileres; también se podría pensar que la iniciativa responde al típico sesgo ideológico estatista y populista que desgraciadamente ha campeado los últimos años en nuestro país.

Pero todo indica que detrás de esta propuesta existe la aviesa intención de crear otro sindicato contra natura para esquilmar el bolsillo de trabajadores que no son trabajadores y persisten de las ya conocidas prebendas que la casta sindical ha sabido conseguir en nuestro país.

Las peleas a cielo abierto entre directos gremiales por Hacerse de un sindicato que todavía no existe resultado obsceno.

Por supuesto, esta voracidad por fondos ajenos se disfraza con un discurso de supuesta preocupación por los derechos de quienes llaman trabajadores y que se presenta con un énfasis que nos ve para cuestionar la inflación, el desabastecimiento y la corrupción que sí surge a todos los trabajadores de nuestro país.

Repartidores bonaerenses: más regulaciones, menos trabajo

Por otro lado, desde el punto estrictamente jurídico, el proyecto es claramente inconstitucional porque violó la delegación de facultades establecida en nuestra Ley Suprema, que se reserva para el Congreso Nacional el dictado de leyes en materia laboral.

En otras palabras, es el Poder Legislativo nacional el que puede decidir si determinada relación reviste el carácter laboral o no.

También, nuestra sabia constitución nacional, que en estos días está cumpliendo 170 años, consagra el principio de la autonomía de la voluntad y también reconoce los derechos a trabajar, ejercer industria licita y comerciar.

También garantiza la protección de los intereses económicos de los consumidores y libertad de elección de los mismos a la vez que ordena prover a la defensa de la habilidad contra toda forma de distorsión de los mercados.

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Fue esa sabiduría de nuestros constituyentes la que permite contener jurídicamente realidades que no pueden imaginar, como la fenomenal expansión que ha tenido en el mundo en los últimos años lo que muchos llaman «economía colaborativa» gracias a la revolución digital a la que estamos asistiendo .

infinito de aplicaciones y plataformas digitales accesible en dispositivos electrónicos al alcance de cualquier persona conectan directamente al usuario con el prestador de servicio o proveedor de un bien, produciendo un gran progreso en la reducción de recursos con fuerte reducción de costos y una gran mejora en el aprovechamiento del tiempo, entre otros beneficiarios.

Cientos de millas de personas se benefician de la flexibilidad de esta modalidad contractual, que permite prestar un servicio de manera total o parcial con total libertad, incluso pocas horas por día o semana, cubriendo así los aumentos de demanda típicos de las horas pico o de determinados días de la semana; de esta manera se incorpora al mercado productivo muchos que hoy se encuentran excluidos como jubilados, universitarios, amas de casa e incluso personas con trabajo que quieran aumentar sus ingresos.

El hecho antes apuntado de que el proyecto haya sido aprobado en forma unánime en el Senado muestra hasta qué punto la clase política está divorciado de la realidad, a la vez que evidencia, como nunca antes, la urgente necesidad de votar legisladoresliberes que no concentran sus energías en decirle a sus representados cómo deben vivir sus vidas, sino, por el contrario, a defender su libertad de vivirlas como les plazca.

*Sdt. Bloque Avanza Libertad en la Cámara de Diputados Provincia de Buenos Aires