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El director general de cargas fiscales del Gobierno de Aragón, Francisco Pozuelo, estimó que la conciliación de nuevas cargas medioambientales podría arrojar 12 millones de euros, considerando 8,5 millones para parques eólicos y 3 millones para parques fotovoltaicos. Esto supone una reducción respecto a los 20 millones previstos inicialmente.
Pozuelo señaló que, pese a la reducción de las expectativas de conciliación, no se prevén «consecuencias preocupantes» gracias al buen desempeño de otros impuestos, como el de Patrimonio y Sucesiones. La actividad inmobiliaria, que se mantiene a buen ritmo, podría compensar las pérdidas de ingresos.
La falta de información para establecer las cifras iniciales provocó represalias en la implementación de las nuevas obligaciones y cambios regulatorios. Subrayó la importancia de contar con datos precisos sobre las dimensiones de las instalaciones para una adecuada regulación.
Esperan que la ley entre en vigor entre marzo y febrero, aunque hayan perdido meses de recuperación. Para el próximo año, se estima que los ingresos totales por impactos ambientales podrían ascender hasta los 22 millones de euros.
Óscar Galeano, del PSOE, expresó su preocupación por los cambios regulatorios que podrían reducir la vergüenza y dejó constancia de que los impactos ambientales deberían compensar las reducciones de otros demandados.
Fermín Civiac criticó la aplicación de la ley, afirmando que no cumplía con el consenso adquirido con el PSOE, que habría desalentado la proliferación de las energías renovables.
María Pilar Buj se quejó de que la ley no considera adecuadamente el impacto ambiental y criticó que los más contaminantes no estén pagando lo suficiente.
José Luis Soro destacó la importancia de los incentivos al desarrollo sostenible en el sector de las energías renovables. Álvaro Sanz (IU) hizo planes de futuro, especialmente en relación con proyectos como los del Maestrazgo, que no se podían cargar adecuadamente.
La recomendación esperada y la implementación de nuevos impulsos ambientales en Aragón han provocado un intenso debate político, reflejando preocupaciones sobre el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la necesidad de insumos fiscales. Las diferentes posturas aumentan la complejidad de gestionar la transición hacia energías más limpias en el contexto de la legislación fiscal.
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