Marta Esquivel se retira del cargo de directora jurídica de las sesiones de la Junta Directiva

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) emprende una etapa completa, marcada por investigaciones legislativas y judiciales que han apuntado a varios de sus altos funcionarios. Uno de los actores centrales de esta situación es Gilberth Alfaro, director jurídico del instituto, quien recientemente brindó declaraciones ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas irregularidades en la administración de la CCSS.

Durante su enfrentamiento, Alfaro se desmarcó de que la suspendida presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, le aseguró que no era necesaria su presencia en las sesiones de la Junta Directiva. Esta decisión, según su funcionamiento, marcó un antes y un después en la dinámica de este órgano colegiado, y coincidió con una serie de tratamientos que fueron duramente criticados, como la suspensión de la tarjeta de inversión de la institución.

Alfaro informó que la exclusión de las sesiones no sólo afectó el ritmo de decisiones en materia de reversión, sino que también planteó problemas en el buen funcionamiento de la Junta Directiva. Según su testimonio, el uso de un criterio legal constante llevó a la utilización de la figura del «funcionario del hombre» para garantizar el quórum en las reuniones. Este mecanismo, que no había sido utilizado anteriormente por el Directorio, consiste en convocar a un funcionario del instituto para que asuma temporalmente las funciones de director.

El director jurídico explicó que, si bien no fue su criterio inicial para implementar esta figura, la Procuraduría General de la República ha establecido que los órganos colegiados pueden reunirse bajo esta modalidad en casos excepcionales. Además, citó el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, que define a un «funcionario de la administración pública» como aquel que ejerce una carga pública sin una inversión válida, pero cuya implementación está permitida en situaciones de emergencia para asegurar la continuidad del servicio público.

Uno de los momentos más desafiantes del enfrentamiento fue cuando la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, consultó sobre la decisión de suspender la tarjeta de reversión de la CCSS. Según el director jurídico, esta medida se produjo poco después de su exclusión de las sesiones del Consejo Directivo, lo que, para algunos legisladores, generó dudas sobre la transparencia y el proceso de deliberación posterior a esa decisión.

Por otro lado, Alfaro también habló sobre el auditorio al que acudió al frente de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), administrados por cuatro cooperativas y un colegio de médicos. Esta revisión se realizó como parte de la investigación conocida como «caso Barrenador», gestionada por la Fiscalía General de la República. El funcionario reconoció que, antes de juzgar la gestión de los EBAIS en las cooperativas, no se emitió un criterio jurídico básico, que se centrara en la legalidad y justificación de estas decisiones.

A lo largo de la sesión, otros legisladores plantearon interrogantes sobre varios temas relacionados con la administración de la CCSS. Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó su preocupación por el estado del proyecto de construcción del nuevo hospital de Cartago. Alfaro respondió que las autoridades debían considerar volver a adjudicar el contrato a otra empresa, y también establecieron procedimientos para determinar las responsabilidades de la empresa inicialmente adjudicada.

Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), pidió una excepción a la regla de subcontratación que regula la subcontratación de servicios de salud. Según Vargas, tener líneas claras en este tema es fundamental para asegurar buenas prácticas de gobierno corporativo y mejorar la transparencia de los contratos con terceros.

Ante estas inquietudes, Alfaro informó que no estaba claro si la CCSS contaba con una gestión estructurada para abordar estos temas, que son difíciles de abordar con un criterio sólido en la toma de decisiones. En este contexto, hemos subrayado la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de supervisión y planificación para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

El cotejo también puso de relieve las tensiones al interior de la CCSS y las diferencias de criterio entre funcionarios y legisladores. Mientras algunos parlamentarios creen que las medidas adoptadas por el instituto respetan los fundamentos técnicos y jurídicos, otros sugieren que la falta de claridad en los procedimientos podría estar relacionada con problemas estructurales más profundos.

Al final, Alfaro se alejó de la reunión del Directorio de la CCSS, realizada un sábado de julio, en la que se abordaron temas estructurales, entre ellos la administración del EBAIS y la relación con las cooperativas médicas. Según el funcionario, estos debates son cruciales para asegurar el logro de los objetivos de la institución, pero requieren de mayor coordinación y transparencia para resolver los problemas que han dado paso a su gestión.

La situación actual de la CCSS refleja un panorama complejo, en el sentido de que decisiones administrativas y cuestiones jurídicas han generado un clima de incertidumbre tanto en las instituciones como en la opinión pública. Las investigaciones en curso, tanto legislativas como judiciales, serán cruciales para esclarecer los hechos y definir la responsabilidad de los involucrados. Mientras tanto, la CCSS enfrenta el desafío de recuperar la confianza ciudadana y asegurar la continuidad de los servicios de salud en medio de esta crisis institucional.