La polémica sobre la autonomía regional de Italia

La reforma de la autonomía regional diferenciada se ha convertido nuevamente en un dolor de cabeza para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ante la fuerte oposición de la izquierda a las críticas a los obispos, la gente considera que la ley representa «un peligro mortal», ya que podría dividir el país en un norte próspero y un sur marginal. Confirmada en junio, esta ley permite que sólo las regiones que la soliciten al Estado tengan autonomía en la gestión de al menos 23 áreas, entre ellas la salud, la educación y la cultura.

La ley, impulsiva de La Liga, fue aceptada por Meloni para reforzar su poder, aunque no fuera su preferencia. Esto complicó su explicación a los votantes de distintas autonomías. Además, su socio de gobierno, Antonio Tajani, líder de Forza Italia, ha mantenido su postura de que la reforma debe incluir condiciones.

Forza Italia ha incluido la aprobación de los niveles esenciales de desempeño (LEP), que garantizan estándares mínimos de servicios públicos en todo el país. El partido sostiene que la LEP no debería estar ligada a una autonomía regional diferencial y que su implementación podría reducir marcadas diferencias regionales. El presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, de Forza Italia, afirma que el 90% de la población del Sur se opone a esta autonomía.

En respuesta, el centroizquierda está promoviendo un referéndum para suspender la ley, lo que requerirá que 500.000 empresas unan sus fuerzas. La situación se complica con la retirada de la Iglesia, que ha expresado su preocupación por la creación de las «dosis Italia». El obispo Francesco Savino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), habló del riesgo de «salvar el mundo» entre las regiones más pobres si se aplica esta reforma.

Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI, también subrayó la importancia de mantener la solidaridad entre las regiones, subrayando que la unidad de la República debe prevalecer frente a la división.