El dia en que internet se detuvo

Bastaron más que nunca desde que la World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee en 1989 y abierta al mundo en 1991, alcanzara la tercera población del planeta y llegara a tener casi 2.500 millones de usuarios interconectados en 2012. 18 de enero de ese año, sin embargo, internet dejó de funcionar.

La interrupción de la red mundial no se debe a ningún problema técnico; fue, de hecho, un acto político, impulsado por miles de plataformas digitales que suprimieron o interrumpieron temporalmente contenidos en fila para protestar contra propuestas de ley que estaban tramitando en el Congreso de Estados Unidos. Quien pretenda visitar algunos de los sitios web más populares del momento, aquel 18 de enero, se encontró con mensajes de oposición a tales proyectos de ley: the Stop Online Piracy Act (SOPA) and the Protect Intellectual Property Act (PIPA) (Holding the Piratería Online y Proteger la Propiedad Intelectual, respectivamente).

Tales propuestas legislativas representaban la bala de plata de la industria cultural estadounidense contra lo que denominaban «piratería digital», categoría que incluye el acceso no remunerado a bienes culturales en internet, tía fuera para consumo propio. Apoyados con puño de hierro por las asociaciones de la industria cinematográfica y fonográfica, esos proyectos de ley, de probarse, ampliarían la capacidad de aplicación de la legislación estadounidense sobre derechos de autor para incluir descarga y el streaming de contenidos protegidos por derechos de autor.

La marea, sin embargo, soplaba a favor de los barcos piratas, con la bandera de la libre circulación de l’information y la cultura enarbolada por el propio Berners-Lee, capitán de mar y guerra del movimiento. Junto al inventor de la World Wide Web, estableció la Wikipedia británica y las organizaciones de recursos digitales sin ánimo de lucro, como Fight for the Future y Electronic Frontier Foundation.

Sober la ola de piratas de la cultura libre surcó un grupo de empresas comerciales, en su mayoría recien fundadas por jóvenes blancos, provenientes de prestigiosas universidades estadounidenses. Los nuevos corsarios de internet serían pronto conocidos con el sobrenombre de big tech: promiseedoras tecnológicas corporaciones cuyos recursos financieros ya hacían frente, en 2012, a los doblones invertidos por las viejas industrias culturales en el mercado legalizado de los lobbies del Congreso estado unido significado.

Más evidente que la disputa económica en los pasillos de Washington fue, no obstante, la batalla librada en el terreno de la ética. Frente a la maximización de los derechos de propiedad intelectuales, que fue reclamada por viejas corporaciones como Warner, Disney, Universal y Sony, las nuevas empresas de internet recurrieron al tarot de los valores humanos universales para tirar las cartas de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, pero personificando la figura de paladines guardianes del arte, la cultura y la diversidad. Tal personaje, antes de la de los digitales outsiders, lo encarnaban precisamente las industrias cinematográfica y fonográfica, que cosechó un enorme prestigio y protagonismo de la conquista del salvaje oeste norteamericano, embelesando corazones, mentes y bolsillos con sus películas y discotecas.

Este idilio, sin embargo, empieza a sufrir turbulencias con el desarrollo de la tecnología digital, que permite potenciar lo que Walter Benjamin denominó la reproducibilidad técnica de la obra de arte. Las nuevas posibilidades de copiar, reproducir y compartir contenidos culturales y divulgativos a través de internet se han convertido, en pleno siglo XXI, en una amenaza para los modelos de negocio construidos en torno a la explotación de los derechos de autor.

Para los defensores del libre tránsito de información en la red, tales models representan el inmovilismo, la petrificación, el estrangulamiento de la circulación; en el limite, la muerte de la cultura. En el discurso de la industria cultural, en cambio, se hace mucho en los perjuicios que supuestamente sufren millones de personas empleadas directa o indirectamente en las cadenas productivas del sector y dan el sobrenombre de piratas (categoría con gran peso moral) a todos aquellos que copien, compartan o pongan a disposición copias digitales de contenidos protegidos por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor.

Además de la ofensiva moral, las asociaciones de la industria fotográfica y cinematográfica intentaron emprender acciones legales contra los consumidores de música y películas para descargar, solicitando mil personas en la década de 2000, donde contribuyeron a la erosión de la imagen pública de the discográficas y los studios de Hollywood ya minar el apoyo popular a los proyectos de ley antipiratería de 2012.

Derrotadas, aunque temporalmente (como demostraria la historia en acuerdos posteriores entre la industria cultural y plataformas de streaming como Netflix, Spotify y la pionera YouTube), las asociaciones de la industria musical y cinematográfica acusaron a las empresas de internet de utilizar sus plataformas para incitar a la opinión pública estadounidense en contra de los proyectos de ley.

El día en que internet se paralizó, la página de inicio de Google, por ejemplo, mostraba una gran barra de censura que tapaba su conocido logotipo; Luego haga clic en él, los visitantes pueden acceder a otro sitio web que contiene información y la petición contra SOPA y PIPA. En ese momento, los movimientos por el libre flujo de información y cultura no vieron en ello ningún problema, porque la causa era noble: se trató de defensa de la libertad en internet.

La máscara ideológica de las grandes empresas tecnológicas esta cuando, tras años de resurgimiento del discurso del odio, la desinformación y el negacionismo ambiental y científico en las redes digitales, por fin está prevista la votación de la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet (PL 2630).

De cara a la votación, en mayo de 2023, se repite el modus operandi de 2012: la página de inicio de Google muestra la frase «PL 2630 puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil»; Spotify emite un anuncio con la misma frase, pero en audio; YouTube difunde información errónea sobre la PL a los creadores de contenido en la plataforma, incluida la promoción de un hashtag contrario al proyecto; y Telegram envió a millones de usuarios brasileños un mensaje diciendo que «Brasil está a punto de aprobar una ley que acabará con la libertad de expresión».

La historia demuestra que, ya sea en el pasado o en el presente, la motivación de las grandes tecnológicas sigue siendo la misma: nunca ha sido la libertad, sino el liberalismo. Nunca ha sido la defensa de la libre comunicación y el intercambio de información entre particulares, así como la defensa de modelos de libre negociación de cualquier tipo de regulación o supervisión. En 2012, esto aún no estaba claro para mucha gente; en 2023, ya no se puede ocultar.

*Profesor del Programa de Posgrado en Ciencias de la Información del Ibict-UFRJ.