El ex asesor Miquel Buch se vio obligado a contratar a un sargento como asesor y pretendía proteger al ex presidente catalán.
El jefe de la oficina de Carlos Puigdemont exigió a la Generalitat que asigne un servicio de apoyo a la Mossos d’EsquadraDe forma «inmediata» y «urgente», el expresidente catalán detectó «un aumento del nivel de seguridad y de riesgo para su persona durante determinadas semanas».
En una carta liderada por el Departamento del Interior, Josep Llús Alay Recuerdo que, desde julio de 2018, su oficina ha solicitado al gobierno «la acumulación de esta responsabilidad sin culpa» y «con el silencio como respuesta». Además, se detalla que en enero de 2022 se dirigirá al Director General de la Policía Autonómica con idéntico resultado.
Precisamente, de cara a dos meses, el exconsejero miquel buch Recibió cuatro años de prisión y 20 años de inhabilitación por corrupción y otras irregularidades al contratar a un agente de los Mossos como asistente en los sistemas de seguridad del Departamento del Interior para posteriormente utilizarlo en el edificio. , fue diseñado durante una sesión de mediación en torno a las «funciones de protección y seguridad» de Puigdemont.
La Audiencia de Barcelona ha condenado, asimismo, a cuatro años de criminalidad y 19º de incapacidad para Llus Escolel comando político que colabora con el padre de Juntas por Cataluña además huida y al que Buch acabara nombrando asesor en julio 2018, ya con Quim Torra como presidente de la Generalitat desde que subió al artículo 155 de la Constitución para apoyar la autonomía catalana en octubre de 2017.
Tanto Buch como Escol quedaran exonerados de ses condenas gracias a la amnista pactada por el PSOE defraudar Esquerra Republicana y JxCat y es un proyecto de ley que inscribió en solitario a los socialistas a estas alturas del Congreso de los Diputados. Tambin Alay puede beneficiarse de la mediación de gracia en los tres procesos legales que le afectan: el caso volohel Tsunami Democrático y una acusación de presunción de malversación de fondos por haber utilizado fondos públicos en un viaje, en 2018, como observador del referéndum de la independencia de Nueva Caledonia (colectividad de ultramar de la República Francesa).
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